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Tutela del derecho de propiedad del bien arrendado

Con frecuencia, los contratos de arrendamiento financiero se celebran entre empresas con el objetivo de financiar la adquisición de algún bien de capital (maquinaria, mobiliario…).


Estas empresas que contratan arrendamientos financieros con sociedades de leasing a menudo tienen deudas con diferentes acreedores, uno de los más comunes es la seguridad social. En caso de impago, en nuestro ejemplo la seguridad social, va a declarar un embargo sobre el bien objeto del contrato de arrendamiento financiero. Aquí surge un problema.


Este bien no es propiedad de la empresa embargada, sino de la entidad de crédito que actúe como arrendador financiero. Entonces, para evitar que se ejecute el embargo, el arrendador deberá interponer una tercería de dominio. Ésta es un recurso a través del cual el verdadero propietario prueba su titularidad sobre el bien embargado.


Sin embargo, este problema solo surge si los activos arrendados son bienes muebles porque para ellos la inscripción en el Registro es potestativa. No sucede lo mismo cuando los bienes de los que trata el contrato de arrendamiento financiero son inmuebles, en cuyo caso el negocio es de obligada inscripción en el Registro de la Propiedad.


Lo anterior es importante porque todo lo inscrito en el registro se presume que existe y que pertenece a su titular registral. Es decir, si se va a proceder al embargo de un bien aparentemente del usuario como medida ante el impago de una deuda de éste, y se comprueba que dicho bien está inscrito a nombre del arrendador financiero, es necesario proceder a levantar el embargo porque se entiende que el bien no es del deudor. Es más, en este caso, el registrador correspondiente ni siquiera permitirá al tercer acreedor realizar una anotación de embargo sobre ese bien que es de otra persona.

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