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Todo lo que necesitas saber sobre el Convenio Regulador de la Separacion o el Divorcio

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El convenio regulador es un contrato perfeccionado entre los cónyuges para regular ciertos aspectos derivados de la separación o el divorcio. En el momento de interposición de la demanda de separación o divorcio, es requisito imprescindible acompañarla con una propuesta de convenio regulador redactada por los cónyuges de mutuo acuerdo según establecen los artículos 81 y 86 del Código Civil.

 

Sin embargo, actualmente se está avanzando hacia la agilización del sistema judicial en España y ya no se exige este convenio en los casos de separación o divorcio contenciosos, presumiéndose que no se ha alcanzado ningún acuerdo entre los cónyuges.

 

Según el artículo 90 del Código Civil el convenio regulador tiene que presentar como mínimo los siguientes términos:

 

a)   "El cuidado de los hijos sujetos a la patria potestad de ambos, el ejercicio de ésta y, en su caso, el régimen de comunicación y estancia de los hijos con el progenitor que no viva habitualmente con ellos;

 

b)   Si se considera necesario, el régimen de visitas y comunicación de los nietos con sus abuelos, teniendo en cuenta, siempre, el interés de aquéllos;

 

c)   La atribución del uso de la vivienda y ajuar familiar;

 

d)   La contribución a las cargas del matrimonio (en realidad ya no las hay, por tanto, habrá que entender que son las que se refiere el art. 1362 CC: gastos de educación, sostenimiento de los hijos comunes, las atenciones acomodadas a los usos y circunstancias de cada familia, etc.) y alimentos (sólo en caso de separación), así como sus bases de actualización y garantías en su caso;

 

e)   La liquidación, cuando proceda, del régimen económico del matrimonio;

 

f)   La pensión que conforme al artículo 97 correspondiere satisfacer, en su caso, a uno de los cónyuges”.

 

Además de este contenido, los cónyuges pueden acordar otros términos y condiciones que estimen oportunos.

 

Para que este convenio regulador tenga contenido jurídico (capacidad de desplegar todos sus efectos) debe ser aprobado por el juez. La función del juez en este sentido es de mera vigilancia ya que debe aprobar el convenio regulador que los cónyuges acuerden a no ser que sea dañoso para los hijos o gravemente perjudicial para uno de los cónyuges (art. 90.2 CC). El juez puede denegar motivadamente el convenio y las partes deberán presentar una nueva propuesta en el plazo de 10 días. En el caso de que el juez deniegue también la segunda propuesta corresponde a éste decidir el convenio regulador de la separación o divorcio a través de sentencia.

  El convenio regulador es un contrato perfeccionado entre los cónyuges para regular ciertos aspectos derivados de la separación o el divorcio. Debe ser aprobado por el juez. El contenido de las medidas se establece en los artículos 92 a 94 del Código Civil. Una novedad de 2005 es la guardia y custodia compartida.

 

Además corresponde al juez acordar los aspectos que las partes no tratan en su propuesta de convenio. El convenio regulador no es definitivo hasta que el juez no lo aprueba por sentencia.

 

El contenido de las medidas definitivas es el siguiente (arts. 92, 93 y 94 CC):

 

1.)   Patria potestad

 

La patria potestad es una relación jurídica existente entre los padres y sus hijos menores (no emancipados) a los que deben protección. Tiene relación con la capacidad de representación legal, el cuidado, educación y todas las demás responsabilidades vinculadas a la paternidad.

 

Excepcionalmente el juez puede privar provisionalmente a uno de los cónyuges o a los dos de la patria potestad en casos en los que exista violencia hacia los hijos. Fuera de estos casos la patria potestad suele ser compartida.

 

2.)   Guardia y custodia

 

Es una situación de hecho que se refiere a quién cuida de los hijos. Lo normal es que uno solo de los cónyuges tenga la guardia y custodia, que será quien queda en uso de la vivienda familiar.

 

Una novedad de 2005 es la guardia y custodia compartida. Consiste en la alternancia de los progenitores en la posición de guardador y beneficiario del régimen de comunicación y estancia con los hijos. Suele ser por periodos largos de en torno a 6 meses con cada progenitor. Esto no sólo es posible por acuerdo entre los padres, sino también, y excepcionalmente, por resolución judicial según expone el artículo 92.5 del Código Civil. En este último caso es necesario informe favorable del Ministerio Fiscal, que será vinculante, audiencia previa a los menores con edad superior a 12 años y consultar la conveniencia con especialistas en su caso. El juez denegará la custodia compartida solicitada cuando haya riesgo para la vida, integridad física o sexual de los menores.

 

3.) Gastos de mantenimiento de los hijos (pensión alimenticia)

 

La contribución para el mantenimiento de los hijos la fija el juez teniendo en cuenta las posibilidades económicas de los cónyuges y las necesidades de los hijos. Se considera contribución el tiempo dedicado al cuidado de los hijos, por lo que quien se queda con la guarda y custodia suele no contribuir económicamente o lo hace, pero en menor medida. Esto también se aplica en el caso de hijos mayores de edad si viven en el domicilio familiar y carecen de ingresos propios.

 

4.)   El derecho de visita

 

Según el art. 94 CC, "el progenitor que no tenga consigo a los hijos menores o incapacitados gozará del derecho de visitarlos, comunicar con ellos y tenerlos en su compañía. El Juez determinará el tiempo, modo y lugar del ejercicio de este derecho, que podrá limitar o suspender si se dieren graves circunstancias que así lo aconsejen o se incumplieren grave o reiteradamente los deberes impuestos por la resolución judicial. Igualmente podrá determinar, previa audiencia de los padres y de los abuelos, que deberán prestar su consentimiento, el derecho de comunicación y visita de los nietos con los abuelos, teniendo siempre presente el interés del menor".

 

Respecto al lugar de la visita, lo normal es que el progenitor que no tiene consigo a los hijos, pueda verlos en su domicilio, pero el juez puede decretar que se vean en un lugar público e incluso en el domicilio del otro cónyuge. Si quien incumple es el cónyuge guardador, la LEC prevé ampliar el derecho de visitas para el otro cónyuge como sanción.

 

5.)   Medidas sobre la vivienda y el ajuar doméstico

 

“En defecto de acuerdo de los cónyuges aprobado por el Juez, el uso de la vivienda familiar y de los objetos de uso ordinario en ella corresponde a los hijos y al cónyuge en cuya compañía queden” (artículo 96 CC). Este derecho puede modificarse cuando quien tiene el uso de la vivienda pierde la patria potestad de los menores o los hijos mayores se van de la vivienda familiar.

 

“Cuando algunos de los hijos queden en la compañía de uno y los restantes en la del otro, el Juez resolverá lo procedente. No habiendo hijos, podrá acordarse que el uso de tales bienes, por el tiempo que prudencialmente se fije, corresponda al cónyuge no titular, siempre que, atendidas las circunstancias, lo hicieran aconsejable y su interés fuera el más necesitado de protección. Para disponer de la vivienda y bienes indicados cuyo uso corresponda al cónyuge no titular se requerirá el consentimiento de ambas partes o, en su caso, autorización judicial".
 

6.)   El derecho de pensión compensatoria

 

Según el art. 97.1 CC, "el cónyuge al que la separación o el divorcio produzca un desequilibrio económico en relación con la posición del otro, que implique un empeoramiento en su situación anterior en el matrimonio, tendrá derecho a una compensación que podrá consistir en una pensión temporal o por tiempo indefinido, o en una prestación única, según se determine en el convenio regulador o en la sentencia”. En cuanto a la fijación de la cuantía, puede ser:

-   Por acuerdo entre las partes;

-   La fija el juez, teniendo en cuenta la edad de los cónyuges, estado de salud, cualificación profesional (empleabilidad de cada uno de los cónyuges), dedicación pasada o futura a la familia y sus repercusiones, caudal de cada uno de los cónyuges y necesidades económicas de los mismos, etc.

 

Normalmente la pensión se actualiza conforme al IPC (Índice de Precios al Consumo) aunque no tiene por qué ser así. Además, en caso de alteraciones sustanciales en la fortuna de los cónyuges se puede solicitar al juez que modifique la cuantía.

 

Como causas de cesación de la pensión, el artículo 101 CC establece que "el derecho a la pensión se extingue por el cese de la causa que lo motivó, por contraer el acreedor nuevo matrimonio o por vivir maritalmente con otra persona. El derecho a la pensión no se extingue por el solo hecho de la muerte del deudor. No obstante, los herederos de éste podrán solicitar del Juez la reducción o supresión de aquélla, si el caudal hereditario no pudiera satisfacer las necesidades de la deuda o afectara a sus derechos en la legítima”.

 

El convenio regulador es irrevocable para las partes, pero el art. 90 CC dispone que se pueda modificar si hay alteración sustancial de las circunstancias. La Ley de Enjuiciamiento Civil, por su parte, autoriza al Ministerio Fiscal a pedir la modificación en interés del menor o incapacitado.

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