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Todo lo que necesitas saber sobre Capitulaciones Matrimoniales

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Las capitulaciones matrimoniales son el negocio jurídico por el cual los consortes regulan su propio régimen económico matrimonial con plena autonomía. Sin embargo, esta autonomía está limitada por las normas imperativas o régimen primario contenido en el Código Civil (artículos 1315 a 1324). Para su validez, las capitulaciones habrán de constar en escritura pública. Por lo tanto, el régimen económico matrimonial será el que estipule la pareja en capitulaciones matrimoniales siempre que se cumplan los requisitos imperativos establecidos por el Código Civil. En caso de que éstos no perfeccionaran ningún negocio jurídico será aplicable subsidiariamente el régimen de gananciales a no ser que los consortes expresen su voluntad de no someterse al último régimen, en este caso y en el de que la pareja sea catalana se aplicará el régimen de separación de bienes.

 

El art. 1326 CC permite el otorgamiento de las capitulaciones en cualquier momento, antes y durante el matrimonio. Los otorgantes pueden ser cónyuges o novios. En el caso de que se celebren antes del matrimonio, éstas quedarán sin validez si el matrimonio no se celebra en el plazo de un año.

 

Pese a que las normas que tienen por objeto la delimitación de la economía del matrimonio son el contenido habitual de las capitulaciones, pueden aparecer contenidas en ellas cualquier otras disposiciones por razón de matrimonio: disposiciones o atribuciones de bienes, disposiciones de carácter sucesorio, disposiciones propias de derecho de familia (por ejemplo el reconocimiento de hijos extramatrimoniales). El límite a estas disposiciones es que tengan relación con el matrimonio.

 

Existen una serie de requisitos para otorgar las capitulaciones matrimoniales:

 

-   Subjetivo: Los cónyuges deben tener capacidad para obligarse a través de un contrato por lo que no podrán otorgar capitulaciones matrimoniales los menores no emancipados y los incapacitados judicialmente o de hecho.

 

-   Formal: “Para su validez, las capitulaciones habrán de constar en escritura pública" (artículo 1327 CC). Por tanto, el incumplimiento de la forma determina la nulidad.

 

Por otro lado, también existen límites relacionados con la protección de terceros de buena fe, es decir, todas las modificaciones en las capitulaciones matrimoniales deben constar a través de una nota en la escritura pública para que los terceros las puedan conocer. Un ejemplo de ello es el siguiente: C1 y C2 tienen un régimen económico matrimonial de sociedad de gananciales. Un tercero tiene una deuda con C2 contra el patrimonio ganancial. En las capitulaciones matrimoniales ambos cónyuges pactan que los bienes gananciales de mayor valor pasen a formar parte del patrimonio privativo de C1. Inter partes los bienes son de C1 pero ello no afecta a los derechos del tercero de buena fe porque esta modificación no fue anotada en la escritura pública y el tercero no tenía cómo conocerla. Por lo tanto, a pesar de que esos bienes ya no son gananciales, siguen pudiendo ser objeto de embargo.

 

 Las capitulaciones matrimoniales son el negocio jurídico por el cual los consortes regulan su propio régimen económico matrimonial con plena autonomía. Sin embargo, esta autonomía está limitada por las normas imperativas o régimen primario contenido en el Código Civil (artículos 1315 a 1324). Para su validez, las capitulaciones habrán de constar en escritura pública.

 

 

El límite más importante de las capitulaciones matrimoniales es que tienen que contener el régimen primario ya mencionado cuyo contenido fundamental es:

 

-   Deber de contribuir al levantamiento de las cargas del matrimonio: ambos cónyuges responden personalmente con todos sus bienes del levantamiento de las cargas que se derivan del sostenimiento de los hijos y de los gastos de los propios cónyuges. Por lo tanto, en el caso de que alguno de los cónyuges no disponga de suficiente liquidez para hacer frente a este gasto, se pueden embargar sus bienes, subastarlos y el producto usarse para levantar las cargas.

En cuanto a la medida en que cada cónyuge debe contribuir, dependerá del régimen económico matrimonial. En el régimen de separación de bienes se aplicará lo pactado entre los cónyuges, en cuya ausencia será aplicable el criterio de la proporcionalidad a los recursos económicos de cada uno. Si bien, existe una limitación: uno de ellos no puede quedar totalmente excluido.

En el régimen de gananciales, los bienes comunes se han de dedicar en primer lugar al levantamiento de cargas, a falta de bienes comunes, es aplicable la regla de la separación de bienes (proporcionalidad a los recursos económicos).

El trabajo en casa computa como contribución en ambos regímenes, lo que significa que en el momento de calcular cuánto aporta cada cónyuge, el que trabaje en casa tiene que deducir de su aportación el valor de ese trabajo.

Los pactos que las partes convengan en relación a la contribución de cada una a las cargas, sólo tienen eficacia inter partes; es decir, no afectan a terceros acreedores.  Por ejemplo: El pacto establece que cada uno de los cónyuges contribuye a las cargas en un 50 %. El acreedor reclama a C1 (cónyuge 1) el 100% de la deuda, éste tiene que pagarla sin perjuicio de la posterior reclamación a C2 del 50 %.

 

-   Litis expensas: Cuando un cónyuge carece de bienes suficientes, los gastos necesarios incurridos en el litigio contra el otro cónyuge sin mediar mala fe o temeridad, o en litigios contra terceros, siempre que sean en provecho de la familia, serán sufragados con el patrimonio común y, cuando no hay (por no tratarse de una sociedad de gananciales), responderán los bienes propios del otro cónyuge.

Este derecho a obtener litis expensas trata de favorecer que todo el mundo pueda iniciar un litigio matrimonial independientemente de su situación patrimonial.

Las litis expensas se pueden obtener no sólo para el juicio declarativo sino también para el proceso de ejecución. Es decir, si el cónyuge demandado no acata la sentencia voluntariamente y el juez tiene que obligarle, los gastos del proceso de ejecución también correrán a cargo de la sociedad de gananciales o del patrimonio del otro cónyuge.

El régimen de litis expensas es subsidiario, es decir, está condicionado a la carencia de bienes suficientes del cónyuge litigante. Los bienes son insuficientes para cubrir los gastos del litigio cuando haya que desatender obligaciones más perentorias. Además se tienen que dar las condiciones que imposibiliten al demandante beneficiarse del régimen de justicia gratuita (normalmente no puede acogerse a la justicia gratuita por estar casado/a con una persona con capacidad económica suficiente).

 

-   Potestad doméstica: De las deudas contraídas en el ejercicio de esta facultad, responden solidariamente los bienes comunes y los del cónyuge que contraiga la deuda y, subsidiariamente, los del otro cónyuge.

Los gastos de la potestad domestica son los destinados a atender las necesidades ordinarias de la familia. Como se ha visto antes, la doctrina mayoritaria incluye estos gastos dentro de las cargas del matrimonio.

El cónyuge que no contrajo la deuda solo responde con sus bienes cuando no hay bienes comunes y el otro cónyuge sea insolvente.

Se reconoce el derecho de reintegro: “El que hubiere aportado caudales propios para satisfacción de tales necesidades tendrá derecho a ser reintegrado de conformidad con su régimen matrimonial” (art. 1319.3 CC). En el caso de sociedad de gananciales se reintegrará una parte, y en el de separación de bienes se reintegra todo.

 

-   Los actos de disposición relativos a los derechos sobre la vivienda habitual y los muebles de uso diario de la familia: se refiere al poder para vender la vivienda habitual o el ajuar doméstico. Aunque estos bienes pertenecen a uno solo de los cónyuges, la venta de los mismos debe ser consentida por ambas partes o por autorización judicial. Por ejemplo: En el caso de que la casa de la familia se venda a un tercero de buena fe sin el consentimiento de ambos cónyuges, esta venta se puede evitar a no ser que el tercero inscriba la venta en el registro de la propiedad; en ese caso estará protegido por el principio de fe pública registral (artículo 34 de la Ley Hipotecaria).

 

-   Cuando se exija el consentimiento dual para actos de administración o disposición y uno de los cónyuges realiza estos actos sin el consentimiento del otro, el acto será válido si posteriormente es confirmado expresa o tácitamente por el otro cónyuge. Se considera confirmación tácita cuando el cónyuge cuyo consentimiento se requiere no impugna el acto cuando lo conoce. Si no se produce la confirmación el código civil distingue dos supuestos:

-   Los actos a título oneroso (en los que media contraprestación, por ejemplo venta) son anulables por el cónyuge que no prestó consentimiento o sus herederos si éste ha fallecido;

-   Si el acto es a título gratuito, es nulo radicalmente.

 

-   El ajuar de la casa familiar será entregado al cónyuge superviviente en caso de que el otro fallezca. Este ajuar no formará parte del patrimonio del beneficiario. No serán considerados como parte del ajuar los objetos de valor extraordinario como cuadros, joyas...

 

-   La libertad de contratación de los cónyuges: “Los cónyuges podrán transmitirse por cualquier título bienes y derechos y celebrar entre sí toda clase de contratos” (art. 1323 CC).

 

-   La confesión de privacidad: si un cónyuge declara que un objeto pertenece exclusivamente al otro cónyuge, el tribunal no necesita más pruebas y esta declaración surte sus efectos en perjuicio de la parte que ha formulado la declaración. Sin embargo, no afectará a terceros (herederos forzosos, acreedores...).

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