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La obligación de alimentos

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La primera realidad institucional para el Derecho es la persona, por lo tanto, algunas de las instituciones en él contenidas van dirigidas a dotar a la persona del soporte material imprescindible para su sostenimiento y subsistencia.

 

Los padres tienen el deber legal de proporcionar alimentos a sus hijos, entendiendo por alimentos “todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica, así como la educación e instrucción del alimentista mientras sea menor de edad y aun después cuando no haya terminado su formación por causa que no le sea imputable, y los gastos de embarazo y parto, en cuanto no estén cubiertos de otro modo, así como los gastos funerarios proporcionados a la calidad de la persona y a los usos de la localidad” (art. 142 CC).

 

Al presentar esta obligación el carácter ex lege, los hijos pueden reclamarla a los padres si éstos están incumpliendo su obligación.

 

Las principales características de la obligación de alimentos son:

 

-   Es personal, por lo que debe cumplirla el obligado. Además se encuadra dentro de las obligaciones personalísimas, lo que quiere decir que no se considera satisfecha la obligación si la cumple una persona distinta de los padres o titulares de la patria potestad.

 

-   Es intransmisible e irrenunciable.

 

-   Es recíproca, es decir, los padres tienen el deber de alimentos para con sus hijos, pero a su vez, éstos tienen el deber de alimentos para con sus padres en caso de una futura situación de necesidad de estos.

 

-   Es gratuita, lo que parece lógico en aras a la situación de necesidad de la que nace la obligación.

 

-   La cuantía de los alimentos será proporcional al caudal o medios de quien los da y a las necesidades de quien los recibe (art. 146 CC). Además, los alimentos se reducirán o aumentarán proporcionalmente según el aumento o disminución que sufran las necesidades del alimentista y la fortuna del que hubiere de satisfacerlos (art.147 CC).

 

-   Se trata de una obligación de orden público, lo que significa que hay que ejecutarla siempre independientemente de la situación de la familia, y está por encima de las voluntades privadas (aunque el hijo quiera renunciar al derecho de alimentos, no puede).

 

Los padres tienen una obligación de alimentos amplia con sus hijos ya sean matrimoniales o extramatrimoniales e incluso adoptivos. Esta obligación deben satisfacerla ambos progenitores en proporción a sus condiciones patrimoniales.

  Los padres tienen el deber legal de proporcionar alimentos a sus hijos, dotándoles del soporte material imprescindible para su sostenimiento y subsistencia.

 

La ley ofrece dos alternativas como modo material de satisfacer la obligación de alimentos: por un lado es posible el pago de una pensión periódica; por otro, el alimentante acoge al alimentista en su domicilio. En el caso del nacimiento, nos encontraríamos en esta segunda situación ya que el bebé no se puede valer por sí mismo; sin embargo existe la posibilidad de que los progenitores estén separados y, en dicho caso, aquél que no ostente la guardia y custodia deberá proveer una pensión dineraria periódica cuya cuantía es la correspondiente a la parte de alimentos que deba garantizar.

 

El pago de la pensión se realiza por meses anticipados, es decir, el día 1 de cada mes.

 

La obligación de alimentos se extingue por las siguientes circunstancias:

 

-   Muerte del alimentante o el alimentista. Si muere uno de los progenitores, el otro tendrá que satisfacer la totalidad de los alimentos con cargo a su patrimonio; y si muere el niño, los alimentos carecen de sentido.

 

-   Cuando llega el momento en que el alimentista puede proporcionarse por sí mismo su mantenimiento. Éste es el caso de los alimentistas cuando cumplen la mayoría de edad, existiendo tres supuestos: si el mayor de edad es económicamente independiente, cesa su derecho de alimentos; si no es económicamente independiente por causas no imputables a él (está estudiando y no debería haber acabado) sus padres siguen obligados a prestarle alimentos; y si no es económicamente independiente pero por causas imputables a él (no quiere ni estudiar ni trabajar pudiendo hacerlo) pierde su derecho de alimentos.

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