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Crédito a los consumidores

La Ley 16/2011 de Crédito al Consumo trata los contratos de préstamo, pago aplazado, o cualquier otra forma de financiación entre un empresario y un consumidor.

Las normas de esta ley son imperativas y por lo tanto no pueden ser modificadas por la voluntad de las partes si no se trata de pactos beneficiosos para el consumidor.


Esta Ley adapta la directiva europea 2008/48/CE por la que se trata de unificar la regulación comunitaria en materia de créditos a consumidores. Además se pretende aumentar la transparencia y la información en los mercados, así como facilitar a los consumidores la obtención de créditos transfronterizos.


La lista de contratos excluidos del ámbito de esta ley es:


1) Créditos garantizados con hipoteca inmobiliaria que están regulados por la Ley 2/2009 de 31 de marzo de contratación con los consumidores de préstamos o créditos hipotecarios y de servicios de intermediación.


2) Créditos inferiores a 200 euros.


3) Contratos de arrendamiento financiero o leasing siempre que no se obligue al arrendatario a comprar el bien al término del mismo.


4) Los créditos reembolsables en un único plazo de tres meses o en cuatro plazos que no superen el año.


5) Los créditos de cuenta corriente


6) Los créditos sin intereses ni otro pago a favor del prestamista


7) Los créditos cuyo prestatario es un consumidor persona jurídica o persona física si éste dedica el crédito a su actividad profesional o empresarial.


Características


Los contratos de crédito al consumo ya presenten la forma de préstamo, de pago aplazado o cualquier otro medio de financiación, presentan unas características comunes:


1. Deben constar por escrito siendo una causa de anulabilidad el incumplimiento de este requisito. Además se deben producir tantos ejemplares como partes intervengan en el contrato.


2. Como norma general no se puede modificar el coste total del crédito en perjuicio del prestatario salvo acuerdo escrito de ambas partes a tal efecto y siempre que se respeten los límites legales de dicha modificación. Estos límites son: “La variación del coste del crédito se deberá ajustar a la de un índice de referencia objetivo; en el acuerdo formalizado por las partes se contendrán, como mínimo, los siguientes extremos:


i) Los derechos que contractualmente correspondan a las partes en orden a la modificación del coste total del crédito inicialmente pactado y el procedimiento a que ésta deba ajustarse.


ii) El diferencial que se aplicará, en su caso, al índice de referencia utilizado para determinar el nuevo coste.


iii) La identificación del índice utilizado o, en su defecto, una definición clara del mismo y del procedimiento para su cálculo. Los datos que sirvan de base al índice deberán ser agregados de acuerdo con un procedimiento objetivo” (Art. 22 Ley de Crédito al Consumo).


Además todas las modificaciones diferentes al cambio del tipo de interés deberán ser notificadas individualmente y con la debida antelación a cada consumidor.

Dicha notificación “incluirá el cómputo detallado, según el procedimiento de cálculo acordado, que da lugar a esa modificación, e indicará el procedimiento que el consumidor podrá utilizar para reclamar ante el prestamista en caso de que discrepe del cálculo efectuado” (Art. 22 Ley de Crédito al Consumo).


3. En el caso de que se celebre un contrato de crédito para la adquisición de bienes o servicios, se tendrán por no puestas las cláusulas en las que el vendedor exija que el crédito sólo pueda ser otorgado por un prestamista determinado.


4. Todos los consumidores disponen de un derecho de desistimiento del contrato de crédito de 14 días  naturales desde la celebración del mismo o desde el envío de la información si fuese posterior. El consumidor no tiene que alegar motivos ni puede estar sujeto a penalización alguna pero sí tiene una serie de obligaciones:


i)  Notificar al prestamista el desistimiento por algún modo que permita dejar constancia en el plazo de 14 días anteriormente expresado.


ii) Devolver al prestamista el capital y los intereses desde la obtención del crédito hasta la devolución en un plazo de treinta días desde el envío de la notificación de desistimiento.


5. El consumidor puede pagar anticipadamente el préstamo de manera total o parcial con la única compensación para el prestamista de la cantidad que se hubiera convenido a tal efecto. Si no se pactó nada, el consumidor no tiene por qué  compensar.


6. Puede suceder que en un contrato de adquisición de bienes o servicios el proveedor es quien presta financiación al consumidor. En el caso de que se resuelva o anule el contrato de adquisición de manera que el prestamista recupere el bien, también éste debe restituir al consumidor todo lo que éste le hubiera pagado.


Deberes precontractuales del prestamista


1. Deber de información: la publicidad es vinculante para el empresario que ofrece algún tipo de crédito, de manera que éste quedará obligado por todo lo ofrecido y en las condiciones en que lo exprese su publicidad. Constituye una obligación legal que, siempre que en la publicidad se exprese el tipo de interés o el coste del crédito, se haga referencia a la Tasa Anual Equivalente (TAE: coste total del crédito incluidos intereses y otros gastos y cargas a pagar por el consumidor) mediante un ejemplo representativo.


2. Oferta de crédito: cuando un empresario ofrezca un crédito al consumo debe, bajo petición del consumidor, entregar a éste un documento escrito con todas las condiciones del contrato. Este documento hará las veces de una oferta vinculante y será irrevocable en un plazo de 14 días naturales desde su entrega, plazo que corresponde con el de ejercicio del desistimiento voluntario por parte del consumidor.


3. Deber de asistencia: tanto el prestamista como el intermediario deben solucionar individualmente los problemas o dudas que al consumidor le pudieran surgir. Además, con anterioridad a la firma del contrato, ambos empresarios deben analizar la capacidad solvente del cliente.


Intermediarios de crédito


Los intermediarios de crédito son las personas físicas o jurídicas que se dedican a presentar y  celebrar contratos con consumidores, así como a asistir a los últimos proporcionándoles información. Los intermediarios actúan en nombre del prestamista por lo que todos los efectos de la relación jurídica recaen sobre este último como si la hubiera celebrado él.


Los intermediarios pueden cobrar una tasa al consumidor por sus servicios, el importe de la misma se le debe comunicar por escrito. También deberá informar sobre esta tasa al prestamista para que la tenga en cuenta a la hora de calcular el TAE del préstamo.

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