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Comercio electrónico

     La firma electrónica

 

Desde hace más de una década estamos asistiendo a una revolución tecnológica sin precedentes que, entre otras cosas, incide en los contratos de derecho privado.

 

Del impacto de esta “Era de la información” en nuestras vidas surgieron la "Iniciativa europea de comercio electrónico" adoptada por la Comisión Europea el 16 de abril de 1997, y la Comunicación de 8 de octubre 1997 sobre "El fomento de la seguridad y la confianza en la comunicación electrónica". Ambas iniciativas dieron lugar a la Conferencia Internacional de Copenhague, el 23/24 abril 1998 en la que se decidió crear una firma electrónica.

 

Esta firma se creó finalmente a través de la Directiva 1999/93/CE de 13 de diciembre y España, como la mayoría de los países miembros, adoptó dicha normativa a través del RDL 14/1999.

 

Este RDL regula fundamentalmente la firma electrónica avanzada que además de permitir la creación segura de la firma, también permite la comprobación de la misma. Es decir, el juez en un proceso es capaz de comprobar que una determinada persona dispone de firma electrónica y así admitir esta última como prueba de que una determinada persona ha firmado el documento en disputa.

 

Para asegurar que una firma electrónica sirve como medio de consentimiento en un contrato perfeccionado a través de un medio informático, debe cumplir ciertos requisitos:

 

1. Que sólo pueda ser usada por su titular

 

2. Que el destinatario de un documento firmado electrónicamente no pueda negar que lo ha recibido

 

3. Que el titular no pueda negar la autoría del documento firmado electrónicamente

 

4. Confidencialidad. El documento firmado electrónicamente no puede ser recibido por persona distinta del destinatario.

 

    El comercio electrónico

 

Muy relacionado con lo anterior está el llamado comercio electrónico. Este nuevo concepto sirve para designar todos los contratos en los que la comunicación se realiza a través de medios electrónicos.

 

La Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio de 2000 sobre "Comercio Electrónico" regula este tipo de contratos y expone que cuando se trate de contratos con consumidores y usuarios o entre empresarios y así lo acuerden, se exige que el oferente del bien o servicio facilite al receptor además de las condiciones generales de la contratación, determinada información entre la que se deben incluir normas sobre recepción y acuse de recibo del pedido.


En España, la ley que regula esta materia es la Ley 34/2002, de 11de julio y en ella se contiene todo lo relativo a la contratación por vía electrónica:

 

1. Las comunicaciones comerciales así como la persona en cuyo nombre se realizan deben ser claramente identificables. Si estas comunicaciones tienen lugar a través de correo electrónico, deberán incluir al inicio del mensaje la palabra “publicidad” o “publi”.

 

2. Cuando las ofertas incluyan promociones, premios o concursos, éstos deben ser fácilmente identificables y en el caso de concursos las condiciones de participación deben ser claras, accesibles e inequívocas.

 

3. Se prohíbe el envío de ofertas comerciales o publicidad no solicitada a través del correo electrónico (spam) a no ser que ambas partes dispusieran previamente de una relación contractual y la información se refiera a productos o servicios objeto de dicha relación previa.

 

4. En cualquier momento, el destinatario puede revocar su consentimiento a recibir comunicaciones comerciales haciéndoselo saber al emisor.

 

5. Los contratos celebrados por vía electrónica tienen la misma validez y producen todos los mismos efectos que los contratos “directos”.

 

6. Una particularidad es que no es necesario el acuerdo de las partes sobre el uso de medios electrónicos para la validez de los contratos celebrados por dicha vía.

 

7. Un contrato con soporte electrónico cumple el requisito de forma en caso de que la ley exija que dicho contrato ha de presentarse por escrito.

 

8. Un contrato celebrado a través de un medio electrónico sirve como medio de prueba en un proceso igual que si se tratara de un documento en papel siempre que disponga de una firma electrónica.

 

9. El prestador de servicios tiene la obligación de poner a disposición del destinatario, con carácter previo a la contratación, la siguiente información:


a) Los trámites que ha de seguir para celebrar el contrato.


b) Deberá informar, en su caso, de que va a archivar el documento electrónico en el conste el contrato y de que éste va a ser accesible.


c) Los medios técnicos que pone a su disposición para corregir errores.


d) La lengua o lenguas de formalización del contrato.


Esta obligación de información se entiende cumplida si el oferente la publica en su página web

 

10. Una vez celebrado el contrato, el oferente está obligado a confirmar que ha recibido la aceptación remitida por el aceptante a través de: acuse de recibo enviado por correo electrónico u otro medio facilitado por el aceptante, en el plazo de las 24 horas siguientes a la recepción de la aceptación; o confirmación de la aceptación recibida en el momento inmediatamente posterior a dicha recepción.

 

11. Lugar de celebración del contrato: cuando una de las partes es un consumidor o usuario, el contrato se entiende celebrado en el lugar de residencia del mismo; en el caso de contratos celebrados entre empresarios, salvo pacto en contrario, se presumirá que el lugar de contratación es el lugar de establecimiento del prestador de servicios.